Guerrero, una Entidad que se volvió cementerio

IGUALA, GRO.- El silencio de las autoridades los han acompañado durante años. La lucha de familias como la de Mayra Vergara.

Quien desde hace dos años y medio busca a su hermano Tomás, secuestrado y desaparecido el 5 de julio de 2012 en Huitzuco, al norte de Guerrero— tomó fuerza y salió a la luz con la desaparición de 43 normalistas de Ayotzinapa.

Mayra es delgada y de fuertes convicciones, dice que ella y su familia se encerraron más de dos años debido al miedo, “hasta que vi lo de los muchachos de Ayotzinapa. Vine un día después (a Iguala) y vi a la prensa internacional, y les dije: ‘¡Si supieran que no son sólo 43!’”.

Unos 200 representantes de familias con desaparecidos se organizan para “excavar en el Estado, que se ha convertido un cementerio sin nombres”.

En la región norte, de acuerdo a la Fiscalía General del Estado, se han encontrado el mayor número de fosas clandestinas en Guerrero. Tan sólo este año se han hallado más de 50 partes de cuerpos enterrados en estado de putrefacción, ropas con sangre, cabellos y huesos.



Los Vergara Hernández aún no saben por qué su Tomás fue elegido. Salió a trabajar, manejaba un taxi en Huitzuco —un lugar desde hace años peligroso por las actividades de la delincuencia organizada— y no regresó, era el cumpleaños de su hermana, recuerda Mayra.

UNA LLAMADA

Cuando festejaban en familia, una llamada les quitó el aliento y desde entonces viven incompletos. Su dolor quedó asentado en el folio 496/12, de la PGR, y en la denuncia: CNDH/1/2013/6445/Q, de la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH). Pero en ninguna de las instancias confían. “Hemos llamado a la Procuraduría y nos dicen que qué novedades les contamos… ¡Es una burla!”.

Los secuestrados pidieron 300 mil pesos para liberar a Tomás, en ese entonces de 38 años, casado y con dos hijas, ahora adolescentes. La familia Vergara no tuvo para pagar ese rescate.

Mayra se unió a la Unión de Pueblos y Organizaciones del Estado de Guerrero (UPOEG) y a otros familiares de desaparecidos. Reclama que no fue hasta después que se organizaron que la PGR acudió a Iguala a tomarles muestras de ADN, para confrontar los resultados con los restos óseos que ellos mismos descubrieron entre el sábado y domingo en Cerro Gordo, al poniente de Iguala.

OTRO MÁS

Igual que Mayra, Modesto Villalba Marcial vino a la iglesia de San Gerardo Mayela, cuyo templo de Iguala fue prestado para que familiares de desaparecidos se realizaran las pruebas de ADN.

Con su sombrero vaquero y una camisa colorida, Modesto, de 59 años, llegó a la iglesia, proveniente de Teloloapan, municipio contiguo a Iguala, porque vio en la tele que se hacían pruebas de ADN. Pidió prestados 250 pesos, porque su alimento lo obtiene del maíz que siembra.

Desde el 24 de marzo de 2013, Modesto busca a su hijo menor, Madiel, que desapareció cuando tenía 20 años.

Su hijo era campesino, quería ser militar, pero a Modesto sólo le alcanzó para darle la primaria. Su situación de pobreza es tal, cuenta, que su casa está “jineteada con puras varitas”. Madiel no era un delincuente ni una mala persona, pero no descarta que se lo hayan llevado “los malos”, pues reclutaban gente para hacer “fechorías”.

Él no sabe qué fue de su hijo, un muchacho fuerte, con las pestañas y los ojos grandes. Sólo sabe que se salió a trabajar en una combi. Se fue un día como chofer y desde esa fecha tiene a su familia sumida en la más profunda tristeza.

El dolor de esas familias, que fueron a hacerse exámenes, cuyos resultados procesará la PGR, toca también a los Tapia Tapia. Vinieron desde Chiautla, Puebla, que colinda con Morelos, Estado de México y Guerrero, lugares que para los maestros jubilados, Leonor Tapia y Antonio Tapia, son controlados por el crimen.

Su hijo Marco iba con otros colegas sobre la carretera que conduce a Huehuetlán, donde trabajaba, cuando cinco sujetos armados lo bajaron de su vehículo y lo secuestraron; a los Tapia les pidieron 3 millones de pesos, que no consiguieron; desde ese entonces le añoran.

Los maestros no tienen muchas esperanzas de que Marco esté con vida, pues en marzo próximo se cumplen dos años de no saber de él, desapareció el 14 de marzo de 2013.

Los Tapia Tapia fueron a Iguala para realizarse las pruebas de ADN y para que la PGR también comience a buscar a Marco en las fosas clandestinas o en la fosa común, donde se queman cientos de cadáveres sin identificar.

El GPS del teléfono de Marco los ubicó hasta Iguala. Con mucho miedo, con poco dinero y con la esperanza de saber dónde está Marco, caminan junto a las otras familias que quieren ver aunque sea “un hueso” de sus parientes.

Leonor le envía un mensaje a su hijo: “¡Mientras no te entierre, te seguiré buscando, hijo mío!”, la antecede Mayra Vergar, quien comenta que el vacío de no tener a su hermano está matando a su mamá de dolor, pero no descansará.



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